Las relaciones entre dependencia y el tercer sector

El Estado plantea los objetivos generales y concede a las entidades privadas la posibilidad de participar en el logro de esos objetivos mediante programas gestionados por distintas organizaciones, lucrativas o no, aunque con el apoyo económico de las administraciones públicas. Las agencias gubernamentales controlan el ejercicio de tales programas, pero la intervención misma queda en manos de los agentes privados que pueden llegar a ofrecer servicios a través de sus propias estructuras. Esta manera de organizar la acción estatal en el campo de los Servicios Sociales es cada vez más frecuente.

Raúl Sanz​

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El objetivo de las asociaciones del Tercer Sector en el ámbito de la discapacidad consiste en facilitar las personas con discapacidad los medios necesarios para desarrollar su proyecto vital. Estas personas, como cualquier otra, tienen la lícita expectativa de ser autónomas e independientes, objetivos que en las sociedades actuales no se confían exclusivamente a los medios de que dispone cada individuo, sino que la sociedad posibilita el cumplimiento de esas metas a través de medidas legislativas y organizativas así como mediante la inversión de recursos económicos. De ahí que las disposiciones necesarias para posibilitar la autonomía personal de las personas con discapacidad no difieran sustancialmente de las medidas adoptadas para hacer efectivos los derechos del resto de los ciudadanos. Las diferencias consisten más bien en diferencias de grado, pues para todos es imprescindible que los poderes públicos emprendan acciones capaces de remover los obstáculos que impiden el disfrute de los derechos así como la creación de cauces para su ejercicio. El Tercer Sector, para contribuir a que las personas puedan llevar adelante sus personales planes de vida, tiene una ardua tarea de cambio de las instituciones políticas y sobre todo en la intervención en multitud de aspectos que condicionan la acción de las personas: desde el entorno urbano a la percepción que de los mismos tiene la sociedad. Es decir, la actividad de las asociaciones no se puede dirigir sólo a sus miembros, sino también a las personas que en principio no se hallan en riesgo de exclusión por discapacidad.

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