Vivienda y supresión de barreras arquitectónicas

Se pretende abordar la problemática jurídica que plantea el disfrute de la vivienda para las personas con algún tipo de discapacidad. Se afronta, pues, la supresión de barreras arquitectónicas, pero también la posibilidad de realizar en el interior de la vivienda obras o actuaciones necesarias para que pueda ser utilizada de forma adecuada y acorde a la discapacidad, por parte del usuario de la misma.

Andrés Domínguez Luelmo

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Son tres las situaciones en que se puede encontrar el afectado, que darán lugar a la aplicación de una normativa diferente:


1) La Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal (LPH). A esta normativa habrá que estar en cuanto a las obras que el propietario puede realizar en el interior de su vivienda y, especialmente, las que afecten a elementos comunes (en este caso, con independencia de que quien habita el inmueble sea propietario o tenga la posesión de una vivienda o local por un título diferente (v.gr., arrendamiento)


2) La Ley 15/1995, de 30 de mayo, de límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. Aunque sea más ventajoso el régimen de la LPH, se puede acudir a este régimen cuando no se obtengan las mayorías correspondientes. Esta Ley se aplica a dos supuestos diferentes:


a) Obras de adecuación de fincas urbanas ocupadas por personas con discapacidad que impliquen reformas en su interior, exclusivamente cuando están destinadas a usos distintos del de la vivienda (si el uso es el de vivienda, se aplica la legislación especial sobre arrendamientos urbanos y, en su caso, rústicos).


b) Modificación de elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública, tales como escaleras, ascensores, pasillos, portales o cualquier otro elemento arquitectónico, o las necesarias para la instalación de dispositivos electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior (con independencia de que el solicitante sea propietario, usufructuario, arrendatarios o usuarios de las fincas urbanas)


3) La Ley 29/1994, de 24 noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos (LAR). Esta normativa se aplica en los casos en que el arrendatario de una vivienda necesita realizar en su interior algún tipo de obra para acondicionarla al tipo de discapacidad que corresponda. La normativa sobre arrendamientos rústicos sólo resultará aplicable cuando, además de las tierras, se ceden a la vez edificaciones destinadas a la vivienda del arrendatario, en aquellos casos en que el aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal sea la finalidad primordial del arrendamiento.

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